Una coalición de ocho asociaciones de educadores y sindicatos demandó a la administración del presidente Donald Trump para bloquear la implementación de una norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas. La querella legal ha pedido a un tribunal federal de Massachusetts que frene la implementación de la regla que reduce el tiempo de estadía legal de extranjeros que ingresan al país con los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros). La norma que entraría en vigor el próximo mes establece que los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, y los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo de 240 días, con posibilidad de prórrogas; los periodistas con pasaporte de China enfrentarán un límite de un máximo de 90 días. La demanda argumenta que la norma final viola la Ley de Procedimiento Administrativo porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) "no evaluó adecuadamente" sus costos y beneficios, no respondió de manera significativa a los comentarios del público, y no consideró alternativas menos onerosas, entre otras omisiones, dijo la coalición en un comunicado. Los demandantes también alegan que el DHS excedió su autoridad legal y no proporcionó un período de consulta pública adecuado. Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), que encabeza la demanda, dijo en un comunicado que la norma "menoscabará gravemente" las contribuciones que los estudiantes internacionales hacen a los campus, la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que es necesario frenar su implementación. Por su parte, Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, el sindicato más grande de trabajadores de medios de comunicación en Estados Unidos, consideró que los cambios a los visados de los periodistas extranjeros son un intento más de la administración Trump por coartar la labor informativa de periodistas, que se suma al desmantelamiento de Voice of America y Radio Free Asia.